Bajo este nuevo marco, los licenciatarios de servicios TIC tendrán la libertad de fijar sus tarifas, una medida que busca estimular la competencia en el sector.
A pesar de la desregulación de precios, el decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos.
La normativa establece que los precios fijados por los licenciatarios deben ser justos y razonables, garantizando que cubran los costos de explotación y permitan a todos los argentinos acceder a servicios de calidad.
Busca incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, particularmente en zonas rurales y remotas, para reducir la brecha digital en Argentina.
Como antecedente, se puede hablar de la desregulación de la medicina prepaga, caso en el que el propio ministro Luis Caputo admitió que las empresas “le declararon la guerra a la clase media”.
