El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, adelantó que seguramente expresarán ese mandato en la reunión que mantendrán hoy en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con sindicatos de la CGT.
“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad. Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado”, sostuvo Aguiar.
Y apuntó: “Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores. Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”.
En la extensa reunión realizada en el Hotel Héctor Quagliaro del sindicato, Aguiar hizo referencia a las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, ya mantuvo con algunas de las máximas autoridades provinciales.
“Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, dijo.
En este marco, el dirigente consideró que “pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores. Paralelamente, multiplicar el poder que tienen los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”.
“Frente a este escenario, tenemos el deber de estar en la calle, de protestar. No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la constitución. Es la ley fundamental que rige nuestra convivencia democrática. Al Gobierno que encabeza Milei tenemos que ponerle límites y decir basta”, concluyó.
Además de ATE, formaron parte de la reunión gremios de las actividades judiciales, de salud, de vialidad, de energía, de telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otras, como así también jubilados, abogados laboralistas, ex jueces laboralistas y académicos.
Cabe destacar que, a diferencia de lo que afirma el Gobierno, la reforma sí afecta al sector público ya que numerosos organismos estatales son regidos total o parcialmente por la Ley Contrato de Trabajo que este proyecto pretende modificar, como PAMI, ANSES y Vialidad Nacional, entre otras.
También, el frente alerta que con el cambio en la no presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo se pretende perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en las provincias y los municipios.
Sumado a esto, el artículo 79 del proyecto modifica la Ley 18.345 que asignaba la competencia de la Justicia Laboral para controversias entre trabajadores empleadores, incluyendo entre estos al Estado Nacional. Con esta modificación, los conflictos judiciales con trabajadores que involucren al Estado Nacional, en cualquiera de sus tres poderes, pasarán al fuero Contencioso Administrativo.
