La Argentina registró en 2024 un aumento de la mortalidad infantil por primera vez desde 2002, un dato que encendió señales de alarma en el sistema sanitario. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, la tasa pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, lo que representa un incremento del 6,25%.
En términos absolutos, se contabilizaron 3.513 fallecimientos de bebés menores de un año. Se trata de un silencio en una tendencia de descenso que, con altibajos, se mantiene desde comienzos de siglo. En el año 2000, el indicador alcanzaba los 16,6 puntos y, durante el período 2003-2015, se redujo un 42%, acercándose a estándares de países desarrollados.
Tras la pandemia, la tasa se había mantenido relativamente estable hasta el salto registrado el año pasado, el más pronunciado en términos porcentuales desde los primeros años 2000.
Profundas desigualdades entre provincias
Las diferencias entre provincias evidencian un mapa de profundas desigualdades. Corrientes encabezó el ranking con 14 muertes infantiles cada 1.000 nacidos vivos, seguido por Chaco (11,8) y La Rioja (11,7). Formosa y Santiago del Estero registraron 10,7. En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires presentó la tasa más baja, con 4,9. En cantidad de casos, la provincia de Buenos Aires concentró 1.236 fallecimientos, seguida por Santa Fe (275) y Córdoba (231). Solo 9 de las 24 jurisdicciones lograron sostener la tendencia a la baja, mientras que en 15 el indicador empeoró.
Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria subraya que la mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles para medir las condiciones de vida y el desempeño de las políticas sanitarias, sociales y económicas. “Su evolución refleja tanto la calidad del sistema de salud como el grado de equidad social y la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos”, señala el documento.
Mortalidad neonatal
El aumento se explica casi exclusivamente por la mortalidad neonatal, es decir, las muertes ocurridas durante los primeros 28 días de vida. Este componente pasó de 5,5 en 2023 a 6 en 2024 y se concentra cerca del 60% del total de fallecimientos infantiles. Está asociado directamente al acceso a controles del embarazo, la atención del parto y el cuidado del recién nacido.
El relevamiento advierte además un debilitamiento de las políticas de salud perinatal durante los últimos dos años, con impacto directo en personas gestantes y bebés. Entre los retrocesos mencionados figuran el deterioro del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, la suspensión de la provisión centralizada de medicamentos críticos —como surfactante pulmonar o gammaglobulina anti-RH— y la discontinuidad del Programa de Sueño Seguro. Estas decisiones, sostienen, generan quiebres de stock y mayores inequidades entre provincias según su capacidad de respuesta.
En un contexto de crisis económica, aumento del desempleo y precarización laboral, el acceso al sistema de salud también se vuelve más difícil. El informe señala que esta situación reduce la frecuencia de controles y empuja a muchas familias a recurrir al sistema solo ante emergencias, lo que agrava los riesgos durante el embarazo y el período neonatal.
Para los especialistas, el dato de 2024 no puede leerse como un hecho aislado. La suba de la mortalidad infantil aparece como una señal temprana de las consecuencias sanitarias del ajuste y de la retracción del Estado. En un país atravesado por fuertes desigualdades territoriales y sociales, advierten, la reversión de este indicador anticipa un agravamiento de las brechas existentes y plantea la necesidad urgente de revisar las prioridades en materia de política sanitaria y social.
