La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que ratificó la medida dispuesta en primera instancia y, al mismo tiempo, determinó que la causa deberá continuar bajo la órbita de la Justicia federal.
De esta manera, AySA no podrá modificar, reducir, limitar, suspender ni alterar sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, la protección del ambiente y la prestación adecuada del servicio mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La causa se inició a partir de una presentación realizada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el nuevo contrato de concesión de AySA firmado en mayo de 2026 y advirtió que algunas de sus disposiciones podían significar una reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección de los usuarios.
El planteo alcanza a los 26 municipios del conurbano y la región metropolitana en los que AySA presta sus servicios. La jueza que intervino inicialmente había ordenado a la empresa abstenerse de adoptar medidas que implicaran un retroceso en las condiciones actuales de prestación. AySA apeló esa decisión, pero la Sala II rechazó el planteo y confirmó la cautelar en toda su extensión.
