El Gobierno envió al Congreso un proyecto con nuevas sanciones por la explotación de recursos

La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados y alcanza actividades vinculadas con recursos renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes. El texto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo.

Uno de los principales cambios consiste en reemplazar el esquema vigente desde 2011, concentrado en las actividades hidrocarburíferas, por un régimen que abarque distintas formas de aprovechamiento de recursos naturales. Las personas o compañías que realicen actividades prohibidas podrían recibir multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos.

También se establecen inhabilitaciones de entre cinco y 20 años y un endurecimiento de las penas cuando se trate de exploración o explotación de recursos naturales no renovables. En esos casos, las condenas previstas van de 12 a 20 años de prisión, mientras que para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina serían de entre 15 y 20 años.

Las multas podrían llegar al equivalente de tres millones de barriles de petróleo y las sanciones también alcanzarían a proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales con conocimiento de su destino. Para quienes participen como proveedores se prevén penas de entre cinco y siete años de prisión, mientras que las sociedades involucradas podrían sufrir restricciones para operar o contratar con el Estado.

El proyecto contempla además la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años y, en determinados casos, la disolución o liquidación de las compañías responsables. Una empresa inhabilitada tampoco podría desarrollar actividades económicas en el país durante el período de la sanción y perdería permisos y determinados beneficios impositivos o previsionales.

La iniciativa incorpora, además, un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones económicas o de inversión dentro de la Argentina. Otro de los capítulos crea un Sistema de Seguridad Nacional que articulará áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, cibernéticas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras consideradas críticas.

El órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado, entre otros funcionarios, por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía. También se establecen procedimientos frente a aeronaves consideradas hostiles y medidas de intervención en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre.

Para los buques se contemplan advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización, una vez agotadas alternativas menos lesivas. El hundimiento quedaría reservado como medida militar excepcional frente a un buque hostil y requeriría autorización presidencial, mientras que el proyecto prohíbe utilizar esa acción contra embarcaciones civiles como sanción o mecanismo policial. Con el texto ya enviado a Diputados, comenzará ahora la negociación parlamentaria para avanzar con su tratamiento y definir el cronograma de las comisiones que intervendrán en el debate.