La resolución, dictada este miércoles 14 de octubre, estableció la aplicación de astreintes —sanciones económicas por cada día de incumplimiento— al titular de la Jefatura de Gabinete. El magistrado consideró que se encontraba verificado el incumplimiento de la orden judicial y resolvió hacer efectiva la advertencia que había formulado el 30 de septiembre.
La sanción se fijó inicialmente en $100.000 por día, aunque el juez advirtió que tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrían modificarse. De esta manera, la medida abre la posibilidad de extender las consecuencias económicas a otros integrantes del Gobierno si persiste el incumplimiento.
El conflicto judicial se originó en el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y las disposiciones vinculadas con el Decreto 759/2025. El Gobierno nacional podrá apelar la decisión, mientras continúa la disputa por el cumplimiento de la normativa que establece obligaciones de financiamiento para las universidades públicas.
