La Cámara de Diputados iniciará este martes el debate en comisión de los proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, con la exposición de asociaciones de alquileres, inquilinos, propietarios y de inmobiliarias.

El encuentro, que fue convocado para las 13 y se extenderá hasta las 17, se realizará en forma virtual y luego pasará a cuarto intermedio hasta la semana próxima, tras los feriados de Semana Santa.

En esas cuatro horas está previsto que expongan 43 invitados, con preponderancia de representantes de cámaras inmobiliarias y de asociaciones de inquilinos del interior del país.

En menor cantidad participarán tres asociaciones de defensa del consumidor, una cámara de propietarias y un par de centros de estudios.

En tanto, y de acuerdo con el cronograma establecido, la comisión retomará el debate la semana próxima con reuniones presenciales el martes 19 y miércoles 20, mientras que entre el martes 26 y miércoles 27, se pretende comenzar a firmar el dictamen.

El encuentro fue convocado para las 13 de este martes.

De esta manera, Cecilia Moreau cumpliría con el plazo que la Cámara se autoimpuso hace diez días, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir antes del 18 de mayo.

Los principales espacios políticos consensuaron abordar el tema luego de que Juntos por el Cambio decidiera levantar el pedido de sesión especial para tratar el tema -el mismo martes 5-, en un plenario en la que, a priori, el oficialismo no daría quórum y JxC no alcanzaría ese objetivo ni la mayoría especial para debatir el proyecto sin el dictamen correspondiente.

En ese sentido, todos los bloques coinciden en la necesidad de avanzar sólo con la derogación de los dos artículos más cuestionados a menos de dos años de su sanción y de uno de su implementación.

Se trata de las dos cuestiones más objetadas de la norma impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Una de las cuestiones más objetadas pasa por los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, en lugar de los dos que regían anteriormente; y la otra fue la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.

La intención del oficialismo es avanzar en el debate y llegar a un dictamen de consenso para llevarlo al recinto de la cámara baja el mes próximo.