El gobernador bonaerense Axel Kicillof junto a otros funcionarios se reunirá el próximo lunes con las empresas de transporte urbano de pasajeros para avanzar con las medidas de seguridad para ese sector, mientras tanto comenzó a funcionar una mesa de trabajo entre los delegados de los colectiveros y la Policía bonaerense para “fijar puntos más peligrosos para circular y poner allí puestos fijos o móviles” en distintos puntos del conurbano, según señaló el ministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio.

El Gobernador bonaerense anunció anoche que el próximo lunes las autoridades provinciales se reunirán con las empresas de colectivo con el objeto de agilizar la colocación de cámaras de seguridad en las unidades, entre otros puntos.

Kicillof formuló este anuncio tras el encuentro realizado ayer entre los ministros bonaerenses Sergio Berni (Seguridad) y Jorge D’Onofrio, los delegados de las líneas 378 y de la 620 y los gremialistas de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) en el Centro de Monitoreo de Puente 12, a raíz del asesinato del chofer Daniel Barrientos, asesinado el lunes pasado por la madrugada durante un robo.

“Luego del encuentro que los ministros Sergio Berni y Jorge D'Onofrio mantuvieron con los representantes de los trabajadores en la tarde de hoy, volveremos a encontrarnos con las empresas el próximo lunes en Casa de Gobierno”, publicó Kicillof en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, agregó: “Como dijo el ministro Berni, somos conscientes de que hay que redoblar los esfuerzos realizados hasta el presente. Vamos a seguir trabajando para buscar respuestas y alternativas” para reforzar la seguridad de los choferes.

Respecto a la próxima reunión del lunes, D’Onofrio adelantó que “la idea es lo más rápido posible establecer un cronograma de trabajo porque el objetivo no es ponerle la soga al cuello a las empresas, sino encontrar una solución rápidamente”.

A la hora de referirse al dinero girado a las empresas por parte del Gobierno bonaerense con el fin de que se instalen las cámaras en los colectivos, informó que “ya se alcanzó la cifra de 2.700 millones de pesos”, aunque aclaró que “todavía no se pagó el total porque estamos en un proceso”.

Sobre el estado de situación, consideró que “la realidad indica que tendríamos que tener arriba del 50% de las unidades con cámaras, pero estamos recién llegando a un 25% del parque de colectivos”.

“De este tema vamos a hablar con los empresarios porque el dinero se envió y van a tener que rendir cuentas”, observó D'Onofrio en declaraciones a El Destape Radio.

Allí, advirtió que “la preocupación del Gobernador ahora no es quien tiene la culpa, sino de cómo resolver la problemática y que estén instaladas la totalidad de las cámaras y puedan transmitir porque en su momento no lo podían hacer porque tenían un chip 3G”.

Al respecto, señaló que durante la reunión de ayer “Berni les mostró a los colectiveros cómo funcionan en tiempo real las cámaras que ya están instaladas con un chip 4G”.

Sobre los recursos que se necesitan para la instalación de las cámaras en los colectivos, el titular de la cartera de Transporte provincial consideró que “sin perder de vista los fondos que se le dieron a las empresas para ese fin, para resolver la cuestión se podría dar un préstamo del Banco Provincia. Esta es una las tantas ideas que estamos analizando”, explicó.

Al referirse a las empresas que han cobrado ese subsidio específico y no invirtieron el dinero para instalar las cámaras, D’Onofrio calificó esta acción como “malversación” de fondos.

Al finalizar, aclaró: “Las empresas saben que están en falta, pero lo que estamos buscando ahora es que las cámaras queden instaladas en todos los colectivos”.

Por otra parte, D’Onofrio señaló que "lo más importante" del encuentro fue que "se armó una mesa de trabajo en la que se van a recibir todos los reclamos y las situaciones para encontrar una respuesta conjunta" a la problemática de la inseguridad en el servicio de colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que tomó mayor relevancia con el asesinato de Barrientos.

“Desde ayer mismo se quedaron trabajando (los gremialistas y funcionarios policiales bonaerenses) para establecer puntos fijos y puntos móviles en algunos barrios, donde los colectiveros señalaron que hay más peligrosidad para circular”, continuó el dirigente del Frente Renovador (FR).

Asimismo, adelantó que “esta mesa, el lunes definirá cuáles son los puntos más álgidos para que la Policía bonaerense pueda reforzar la seguridad allí".

“Esta mesa quedará funcionando cada 15 días para ir ajustando el devenir de ese accionar que tendremos que llevar a cabo”, precisó.

Con respecto a la instalación de cámaras de seguridad en el interior de los colectivos, D’Onofrio recordó: “El pasado lunes nos reunimos en la Casa de Gobierno con el gobernador para hablar de este tema y el objetivo es encontrar una solución lo más rápido posible”.

En una cronología sobre la decisión de poner cámaras en las unidades de transporte de pasajero urbano, detalló que “en 2016, se votó en la provincia la Ley 14.897, que establece la instalación de cámaras y botones anti pánico en las unidades” de transporte público de pasajeros.

“Es una Ley que había impulsado Sergio Berni cuando era senador bonaerense y luego se sumó otra iniciativa de un legislador del entonces oficialismo (Cambiemos). En ese momento, la norma salió por una unanimidad”, agregó.

D’Onofrio citó que “recién en el 2018 y luego de la muerte del chofer de colectivo, Leandro Alcaraz, en un hecho de inseguridad ocurrido en La Matanza, la entonces gobernadora (María Eugenia) Vidal reglamentó esa ley que decía que las empresas de transporte debían hacerse cargo del costo del equipamiento e instalación de las cámaras en las unidades”.

“Esta ley le daba 180 a las empresas para instalarlas, pero esto no se cumplió durante el resto de la gestión de Vidal”, cuestionó el ministro.

Y señaló que “luego de la pandemia, Kicillof retomó este tema y las empresas le dijeron que no pueden costear la instalación de cámaras”.

El lunes pasado, Berni concurrió a una protesta que se realizaba para repudiar la muerte de Barrientos, en el cruce de la avenidas General Paz y Juan Manuel de Rozas -en el límite del partido bonaerense de La Matanza y la Ciudad de Buenos Aires-, donde el funcionario resultó agredido a golpes.