El año pasado, las prepagas subieron sus cuotas un 124%, apenas por debajo del costo de vida, que fue del 127,8%.
Tras el dato de inflación de enero, que marcó una desaceleración al 2,2%, en la administración libertaria buscan como evitar que las empresas de medicina privada sigan remarcando sin cesar.
Lo curioso es que fue el propio gobierno de Javier Milei el que le dio vía libre a los aumentos del sector financiador de servicios de salud a poco de asumir, cuando liberó sus precios.
Según trascendió, el Gobierno analiza un decreto que limitará hacia adelante los aumentos de las empresas de medicina prepaga.
La idea es que los aumentos ya no podrán ser generalizados para todos los afiliados de una misma compañía, sino que se deberá discriminar por planes.
Para los adultos mayores, no podrán superar el triple del valor que se les cobre a los más jóvenes.
Las prepagas anunciaron subas en enero de entre 3% y 3,9% según el plan, es decir casi el doble del IPC general.
Para justificar los índices de ajuste, los representantes del sector de las prepagas argumentan que el costo de la salud es más alto que el promedio de precios.
Al menos cinco grandes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a enero, con un máximo del 4%.
El Gobierno anunció a mediados de diciembre último la imputación por supuesta cartelización a las empresas de medicina prepaga.
Se trata de las firmas: Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. También fue imputada la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt.
Desde la Secretaría de Industria y Comercio detallaron que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fijará un plazo que no podrá ser mayor a 90 días hábiles para que se produzca la prueba concedida, pero de ser necesario se podrá presentar una prórroga por 90 días hábiles más.
Una vez concluido este período, las partes imputadas tendrán seis días hábiles para presentar sus alegatos.
Asimismo, la cartera que conduce Pablo Lavigne precisó que “el artículo 2 de la Ley de Cartelización clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas”.
El Gobierno había demandado en la Justicia la presunta “cartelización” de las empresas por la fuerte suba en las cuotas, que aumentaron todos los meses del año después de que Javier Milei decidiera no intervenir en los precios.
