Quilmeño contactó a una adolescente por WhatsApp, le mandaba plata por fotos íntimas y lo imputaron por pornografía infantil

Pero la causa dio un giro aún más inquietante cuando, durante un allanamiento en su vivienda, los investigadores encontraron material con representaciones sexuales explícitas de niñas, niños y adolescentes.

Según expuso la fiscal Paula de Luque durante la audiencia de formulación de cargos, la investigación demandó varios meses de trabajo y permitió reconstruir cómo habría actuado el acusado. De acuerdo con la acusación, el hombre estableció contacto con la adolescente mediante WhatsApp y, con el paso del tiempo, generó un vínculo de confianza que terminó convirtiéndose en una maniobra de presunta explotación.

La Fiscalía sostuvo que, en ese contexto, el imputado realizaba transferencias de dinero a cambio de fotografías que la adolescente enviaba mediante la modalidad de visualización única. Sin embargo, la situación cambió cuando el hombre comenzó a exigir imágenes con un contenido sexual cada vez más explícito. Fue entonces cuando la joven se asustó, decidió cortar toda comunicación y dejó de responder los mensajes.

El caso salió a la luz poco después, cuando los padres de la adolescente detectaron movimientos de dinero que no podían explicar. La denuncia permitió iniciar una investigación que confirmó que las transferencias provenían de dos cuentas bancarias registradas a nombre del acusado. A partir de ese momento, la pesquisa tomó otra dimensión y la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en la provincia de Buenos Aires.

Fue durante ese procedimiento donde apareció uno de los hallazgos más delicados de toda la causa. Los peritos secuestraron distintos dispositivos electrónicos y, tras su análisis, detectaron imágenes y videos con representaciones sexuales explícitas descargadas presuntamente desde la aplicación Telegram. Según la acusación, gran parte de ese material estaba protagonizado por niñas, niños y adolescentes, motivo por el cual también se le atribuyó el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil.

Para sostener la imputación, la Fiscalía incorporó una extensa batería de pruebas, entre ellas la declaración de la víctima en Cámara Gesell, informes psicológicos, pericias informáticas realizadas por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones del Ministerio Público, las actas del allanamiento, el secuestro de dispositivos electrónicos y la documentación que acredita tanto la identidad del acusado como las edades de las personas involucradas.

Durante la audiencia, la Defensa Pública no cuestionó la formulación de cargos ni la competencia de la Justicia rionegrina para investigar ambos hechos, aun cuando parte de la evidencia fue obtenida en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, el juez de Garantías Juan Brussino dio por formalizada la imputación y abrió la investigación penal preparatoria por cuatro meses. En ese plazo, la Fiscalía buscará profundizar las pericias y reunir nuevas pruebas para determinar la responsabilidad del acusado en una causa que expuso una modalidad de captación digital cada vez más preocupante.