Dos años sin El Diego

Una multitud acudió a la Casa Rosada para despedir los restos del excapitán de la selección argentina campeona del mundo en 1986, que recibió homenajes en todo el mundo.

A dos años de la muerte de Diego Armando Maradona, los ocho acusados de haber cometido un «homicidio con dolo eventual» continúan trabajando en distintas áreas de salud a la espera de que la Cámara de Apelaciones de San Isidro defina si la causa finalmente va a un juicio oral, donde podrían terminar condenados a una pena de entre 8 y 25 años, informaron fuentes judiciales.

Los ocho acusados de ocasionar la muerte de Maradona son el neurocirujano y médico de cabecera Leopoldo Luciano Luque (41); la psiquiatra Agustina Cosachov (37); el psicólogo Carlos Ángel «Charly» Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41); los enfermeros Ricardo Omar Almirón (39) y Dahiana Gisela Madrid (38); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).

Según lo que Télam pudo constatar consultando a sus defensas, todos ellos pese a estar procesados en la causa -aunque sin prisión preventiva pese a lo grave de la calificación-, continúan trabajando en la actualidad en sus respectivas actividades, incluso, algunos de ellos en hospitales públicos y privados.

Luque sigue como neurocirujano en el Hospital El Cruce de Florencio Varela y en el porteño Hospital Alemán; Cosachov en su consultorio privado y en un hospital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; el psicólogo Díaz en distintas ONG de tratamiento de adicciones y también con pacientes privados; Forlini sigue trabajando en el Swiss Medical Group; y Di Spagna como parte del cuerpo médico del plantel de futbolistas del club Huracán, por nombrar algunos ejemplos.

Hace ya seis meses que el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz, luego del requerimiento del equipo de fiscales que instruyó la causa, elevó el expediente a juicio oral, pero las defensas de los ocho imputados apelaron aquella resolución y desde entonces la causa está bajo el análisis de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.