El Tribunal Oral Federal 2 condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras declararla culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
«Esto es un Estado paralelo y mafia judicial», subrayó la vicepresidenta en un mensaje a los argentinos que dio a través de sus redes sociales apenas se conoció la sentencia.
El TOF 2 también absolvió por mayoría a la expresidenta y al resto de los acusados por el delito de asociación ilícita por el cual los acusaron los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola.
Los fundamentos del veredicto emitido por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a conocer el 9 de marzo del año próximo, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones.
La sentencia quedará firme cuando se hubieren agotado todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia responda a todos los planteos que le lleguen.

Las decisiones tomadas por los jueces

El TOF 2 también condenó al empresario Báez a 6 años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta; en tanto que al exsecretario de Obras Públicas, José López y al exdirector de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, les dictó la misma pena como coautores del delito, por lo que también dispuso en relación a ellos su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz (AGVP), Héctor Garro.
En tanto, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, resultó sobreseído por extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público.