El catamarqueño Raúl Jalil reclamó "que el crecimiento de nuestra Nación no se centralice en una sola ciudad", mientras que la santacruceña Alicia Kirchner explicó que “defender la equidad en la distribución de los fondos es también defender la democracia”. Se sumaron Gildo Insfrán desde Formosa y Jorge Capitanich desde Chaco.
ACTUALIDAD28/12/2022 Agencia Telam
Un grupo de gobernadores peronistas realizó este miércoles presentaciones individuales ante la Corte Suprema de Justicia para que sean escuchados sus reclamos, en respaldo a la efectuada ayer por el Gobierno nacional para que se suspenda los efectos del fallo que ordenó al Estado nacional un aumento en la mesa coparticipable en favor de la ciudad de Buenos Aires.
Con fuertes críticas a la ciudad de Buenos Aires y pronunciamientos en favor del federalismo, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Alicia Kichner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Gildo Insfrán (Formosa) informaron en sus cuentas de Twitter que realizaron presentaciones ante el máximo tribunal.
Este martes, el Gobierno nacional realizó una presentación ante la Corte Suprema para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado con el que ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%.
A través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno de Alberto Fernández interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.
"La Corte, con una medida cautelar política, infundada y arbitraria, ha beneficiado al distrito más rico de la Argentina, disminuyendo los recursos de todas las provincias argentinas. Reiteramos una vez más nuestro derecho a ser oídos para manifestar la voz de 17 millones de bonaerenses y expresamos la total adhesión al recurso presentado por el Estado nacional", afirmó Kicillof en su cuenta de la red social.
En ese sentido, el gobernador bonaerense indicó: "Necesitamos terminar con estas desigualdades y con los fallos arbitrarios del partido judicial" y recordó que "es la tercera vez que nos presentamos, pero la Corte parece dispuesta a escuchar únicamente al jefe de Gobierno de la Ciudad", Horacio Rodríguez Larreta.
Por su parte, el santiagueño Zamora informó que el Fiscal de Estado de la provincia "realizó hoy una nueva presentación ante la CSJN en la causa s/acción declarativa de inconstitucionalidad iniciada por CABA, esperando ser escuchados en nuestra posición, y adhiriéndonos al recurso de revocatoria Interpuesto la Nación".
Según explicó a Télam el fiscal de Estado santiagueño, Raúl Abate, se trata de un pedido para que se los reciba como 'amicus curiae' (amigos del tribunal), al que se sumaron también otras provincias.
En la nueva presentación, "se hace un análisis del fallo sobre todo en la parte que decía que no afectaba a las provincias, estableciendo cuales son los puntos que perjudican a las provincias", indicó el fiscal.
"Además formulamos nuestra adhesión a lo planteado por el procurador del Tesoro de la Nación de recusar a los miembros de la Corte y pedir la revocatoria in extreme de este fallo", comentó Abate.
A su turno, la santacruceña Alicia Kirchner informó que "en sintonía con los planteos realizados por parte del Ejecutivo Nacional, la provincia de Santa Cruz formalizó en el día de hoy su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el injusto otorgamiento de fondos a la Ciudad de Buenos Aires".
Al respecto, consideró que "defender la equidad en la distribución de los fondos es también defender la democracia".
"Santa Cruz y todas las provincias merecemos el mismo trato ante la ley. Somos un país Federal", remarcó.
En tanto, el gobernador Jalil anunció que "en defensa de los intereses de nuestra provincia el Fiscal de Estado realizó esta mañana una nueva presentación ante la CSJN en la causa iniciada por CABA a los fines que el máximo tribunal de la Nación escuche nuestra posición, en la cual además nos adherimos a los fundamentos interpuestos por la Nación".
En esta línea, el mandatario catamarqueño indicó que la posición es "en defensa del federalismo y de la distribución racional de recursos para que el crecimiento de nuestra Nación sea armónica y no se centralice en una sola ciudad".
Al igual que otros mandatarios peronistas, Insfrán sostuvo que la provincia "reiteró su pedido de ser oída y tener participación en la causa sobre el injusto incremento de fondos de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires".
En ese marco, el gobernador formoseño sostuvo que "la medida cautelar dispuesta recientemente por la Corte aumenta el porcentaje de coparticipación para el distrito más rico del país generando un daño real y concreto a las 23 provincias puesto que ello afectará inexorablemente la financiación de importantes obras de infraestructura que se realizan con fondos federales en nuestros territorios".
Para Capitanich, "lo real y cierto es que el Estado nacional utiliza el dinero de la coparticipación para hacer frente a su organización y servicios a cargo, mientras que el resto lo destina a realizar obras y brindar servicios en las provincias".
"En la medida que disminuyen los fondos del Estado Nacional en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires menos disponibilidades tendrá aquel para coadyuvar al desenvolvimiento de los estados provinciales", apuntó.
Capitanich aseguró que "de la lectura del fallo -de la Corte- no se advierte que tenga basamento en una consideración científica. Sí en cambio está probado que con ello se está perjudicando al Estado Nacional y por ende a las provincias".
Con sus presentaciones, los mandatarios respaldaron las efectuadas ayer por el gobierno nacional.
La diligencia judicial se produjo el mismo día en que el Gobierno nacional oficializó su decisión de transferir bonos TX31 a la ciudad de Buenos Aires, mientras la gestión porteña presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a los que acusó de no cumplir el fallo de la Corte.
Este panorama de conflicto entre Nación y Ciudad, que también incluye a la mayoría de los gobernadores que están a favor de la postura del Ejecutivo Nacional, fue producto de una decisión de la Nación en 2020 de reasignar parte de los fondos otorgados a la órbita porteña por el expresidente Mauricio Macri en concepto del traspaso de la Policía Federal en 2016, por considerarlos "excesivos".
Macri había elevado por decreto el coeficiente de fondos en favor de la ciudad de Buenos Aires del 1,5 al 3,5%y por la misma vía el presidente Fernández la redujo al 2,3%, lo que provocó el reclamo de la administración capitalina.
El ministro de Justicia, Martín Soria, destacó hoy las presentaciones individuales que realizaron seis provincias en respaldo al pedido del Gobierno para que se suspendan los efectos de la resolución con el que la Corte Suprema ordenó al Estado nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la ciudad de Buenos Aires, un fallo que el ministro calificó de "arbitrario e injustificado".
"En buena hora que todas las provincias argentinas y nuestro Gobierno reclame para que se cumpla el federalismo, en beneficio de todos los argentinos", dijo Soria en diálogo con Télam.
En ese sentido, el ministro afirmó que el rechazo de las provincias a la sentencia del máximo tribunal "es lo que le corresponde hacer a cada gobernador".
"Estamos en una situación de una gravedad institucional inusitada", subrayó.
Con fuertes críticas a la ciudad de Buenos Aires y pronunciamientos en favor del federalismo, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Alicia Kichner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Gildo Insfrán (Formosa) informaron en sus cuentas de Twitter que realizaron presentaciones ante el máximo tribunal.
Este martes, el Gobierno nacional realizó una presentación ante la Corte Suprema para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado con el que ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%.
"El macrismo y (Horacio Rodríguez) Larreta pusieron el grito en el cielo y fueron a sus amigos de la Corte Suprema, quienes dictaron esta cautelar", cuestionó el ministro.
En esa línea, remarcó que la "queja de todas las provincias" es porque "no hay argumentos" para ese aumento de fondos.
"Leés las 30 páginas que tiene el fallo y es arbitrario e injustificado, no dan razones de cómo llegan a ese 2.95 que todos los argentinos tenemos que seguir pagando", apuntó.
Asimismo, Soria criticó la sentencia por ser "en desmedro del federalismo y de las provincias" e hizo énfasis en que dos miembros del tribunal fueron designados por decreto durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019).
"Dos de estos cuatro jueces de la Corte fueron puestos por decreto por Macri a los pocos días de asumir como Presidente", recordó.
Además, el ministro comparó el fallo judicial por los fondos coparticipables con la anulación del DNU que en 2020 dictó el presidente Alberto Fernández, con el que declaró como "servicio público" las redes de Internet, cable y telefonía.
"Esta Corte fue la que de un plumazo anuló un decreto del Presidente para convertir en servicio público las tarifas de internet", concluyó.
Este panorama de conflicto entre Nación y Ciudad, que también incluye a la mayoría de los gobernadores que están a favor de la postura del Ejecutivo Nacional, fue producto de una decisión de la Nación en 2020 de reasignar parte de los fondos otorgados a la órbita porteña por el expresidente Mauricio Macri en concepto del traspaso de la Policía Federal en 2016, por considerarlos "excesivos".
Macri había elevado por decreto el coeficiente de fondos en favor de la ciudad de Buenos Aires del 1,5 al 3,5% y por la misma vía el presidente Fernández la redujo al 2,3%, lo que provocó el reclamo de la administración capitalina.
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