La Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara de Senadores vuelve este miércoles a reunirse con la intención de debatir un proyecto de ley presentado por el senador entrerriano Edgardo Kueider que pretende establecer una disminución de las tarifas del servicio eléctrico.

La reunión fue confirmada oficialmente este martes y se llevará a cabo desde las 11.30 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

La intención del oficialismo es brindarle dictamen al proyecto presentado por Kueider, un legislador de origen peronista pero que integra el bloque Unidad Federal.

El proyecto de Kueider tiene como objeto “establecer criterios tarifarios que permitan disminuir la brecha de precios entre la generación y el precio que pagan los usuarios finales del servicio eléctrico, entendiendo su acceso como un derecho en el marco de la prestación de un servicio público esencial, con el fin de reducir la tarifa para usuarios finales”.

Según la iniciativa, el Precio Estacional que trimestralmente aprueba la Secretaría de Energía a propuesta de Cammesa, será afectado por un “Factor K” que “tenga en cuenta las características de los mercados eléctricos en cada una de las jurisdicciones del país”.

“El Factor K será determinado por jurisdicción, afectará al Precio Estacional y tendrá una relación inversamente proporcional al Valor Agregado de Distribución (VAD) que le corresponde a cada una de los agentes distribuidores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”, señala el articulado del proyecto.

El avance de la iniciativa era exigido por el senador entrerriano para ayudar al oficialismo a obtener el quórum necesario que le permita realizar una sesión antes de la celebración de las elecciones PASO.

El último 12 de julio una sesión convocada por el Frente de Todos para brindarle acuerdo a más de setenta jueces, fiscales y defensores oficiales fracasó porque la oposición de Juntos por el Cambio y de Unidad Federal, decidió no facilitar el quórum.

Entre los acuerdos solicitados por el Gobierno nacional se encontraba la designación de Ana María Figueroa, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien, junto con los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, debe decidir si confirma el cierre o reapertura del Caso Hotesur-Los Sauces.

En la causa, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, fueron investigados por lavado de dinero y luego sobreseídos.

Figueroa, quien el 9 de agosto cumplirá 75 años, la edad jubilatoria para los jueces, necesita del acuerdo del Senado para continuar en su cargo durante cinco años más.