El funcionario llevará a cabo un “proceso gradual de recomposición tarifaria a fin de cumplir con los principios establecidos en el marco regulatorio eléctrico”, según la Resolución 1/2023 publicada en el Boletín Oficial.
ACTUALIDAD23/12/2023 Agencia Telam
La Secretaría de Energía designó a Darío Oscar Arrué como nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), tras disponerse la semana pasada la emergencia del sector energético hasta fines de 2024.
El nuevo interventor llevará a cabo un “proceso gradual de recomposición tarifaria a fin de cumplir con los principios establecidos en el marco regulatorio eléctrico”, señala la Resolución 1/2023 publicada en el Boletín Oficial y que lleva la firma del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.
Arrué se desempeña en el ENRE desde 1998 como jefe del área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales. Asimismo, en 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, estuvo al frente de la Subsecretaría de Energía Eléctrica.
Según señalan los considerandos de la resolución, Arrué deberá avanzar en la “determinación de una tarifa transitoria”, mientras ejecuta un proceso de revisión tarifaria de la energía que sea “justa y razonable”.
Del mismo modo deberá informar sobre los cumplimientos de los procesos de renegociación, además de evaluar e informar sobre la gestión de compras y contrataciones, y la ejecución del presupuesto de gastos y recursos desde el 10 de diciembre de 2019 hasta la fecha.
El nuevo interventor ocupará el cargo que dejó vacante Walter Martello, quién se desempeñó como interventor entre septiembre del año pasado y el traspaso de gobierno, el pasado 10 de diciembre.
Si bien la Secretaría de Energía había llamado en julio a concurso abierto de antecedentes para designar un presidente en el ENRE y poner fin a su intervención que se prolongaba desde marzo de 2020, el lunes pasado el Gobierno oficializó la declaración de emergencia en el sector energético nacional hasta el 31 de diciembre de 2024, estableciendo la continuidad de la intervención tanto en el ENRE como en el Enargas.
El Gobierno decidió continuar con la intervención para evitar “una demora que no se condice con la situación de emergencia”
La nómina para ocupar el puesto de presidente ya había sido puesta a consideración por el Poder Ejecutivo en noviembre, pero por “los tiempos involucrados” el Gobierno decidió continuar con la intervención ya que, de lo contrario, se incurriría “en una demora que no se condice con la situación de emergencia”.
“Ante la necesidad de que las negociaciones y los procesos a encarar en el sector energético puedan culminar adecuadamente, contando con el tiempo suficiente para obtener resultados satisfactorios en el marco de la emergencia, resulta entonces conveniente y razonable prorrogar las intervenciones”, señala el Decreto de Necesidad y Urgencia 55/2023.
El DNU, en ese sentido, sostiene que existe "una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada".
Habiendo evaluado la situación en que recibe el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, "resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro", señala el texto.
El decreto instruye a la Secretaría de Energía que disponga el programa de acciones necesarias para "la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso” y el “inicio de la revisión tarifaria”, cuyos cuadros resultantes deberán establecerse antes de fines de 2024.
Además de facultar a la Secretaría a nombrar interventores en ambos entes, dispone un plazo de 180 días para que inicie el proceso de selección de los miembros de los directorios de ambos organismos, de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes.
En sus considerandos, la medida asegura que "la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de Gas y Energía Eléctrica bajo jurisdicción federal exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación".
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