La masiva "Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII" buscó desbaratar las redes de agresores sexuales que operan en internet. El Procurador General, Doctor Julio Conte-Grand, lideró este histórico avance judicial que puso el foco en la protección de los derechos de los niños y adolescentes de la región.
La Secretaría de Política Criminal de la Procuración General coordinó las acciones a través de su Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming. La investigación judicial apuntó contra la tenencia, producción, distribución y acoso sexual digital, delitos que sancionan los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.
Ocho dependencias del Ministerio Público funcionaron como nodos estratégicos para la detección de los implicados en el territorio provincial. La nómina incluyó a la Unidad Funcional número 8 de Dolores, la Ayudantía Fiscal de Junín, la UFI número 15 de La Plata y la Ayudantía Fiscal de La Matanza. La UFI número 5 de Morón, la Oficina de Análisis de Pergamino, la UFI número 13 de San Isidro y la UFI número 8 de Berazategui, esta última perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, completaron la estructura de investigación local.
Las fuerzas de seguridad inspeccionaron 138 objetivos iniciales y concretaron 121 allanamientos finales. Los operativos alcanzaron puntos clave en los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza y La Plata. Los agentes policiales también irrumpieron en inmuebles de Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.
El perfil de los imputados arrojó estadísticas alarmantes para los investigadores. Los peritos identificaron a 111 personas investigadas, de las cuales 106 corresponden al género masculino y 5 al género femenino. Dos menores de 18 años integraron esta lista de sospechosos debido a que distribuyeron material ilícito. El rango de edad de los involucrados fluctuó entre los 15 y los 75 años. Seis de los acusados desempeñaban tareas laborales en contacto directo con niños o adolescentes. Además, los oficiales detectaron a 37 menores de edad que convivían con los imputados y a 4 víctimas directas de abuso sexual.
Los policías requisaron una unidad carcelaria donde uno de los sospechosos cumple condena por delitos de abuso infantil. Uno de los objetivos poseía antecedentes penales por causas de igual gravedad. Una de las investigaciones derivó de un procedimiento anterior por tenencia de material prohibido y sumó una nueva imputada por producción y distribución.
Los efectivos de seguridad incautaron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento masivo, 165 teléfonos celulares y 2 armas de fuego en las viviendas registradas. Los especialistas técnicos completaron 31 análisis rápidos sobre el material informático secuestrado en los domicilios.
Los fiscales de la provincia de Buenos Aires asumieron la dirección jurídica de la histórica jornada de allanamientos. Las doctoras María Laura Carballal y María Fernanda Wilhelm lideraron las causas en Avellaneda y Lanús. Los doctores Adrián Peiretti y Débora Marconi actuaron en el departamento de Azul. Los doctores Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos controlaron los distritos de Bahía Blanca y Tres Arroyos. El doctor Walter Mércuri coordinó los procedimientos en Dolores. El doctor Fernando Graffigna fiscalizó las acciones en Junín. Las doctoras Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez intervinieron en La Matanza. Los doctores Cecilia Corfield y Hugo Tesón dirigieron los allanamientos en La Plata. Los doctores Esteban Berriel y Diego Lleyda actuaron en Lomas de Zamora. Los doctores Graciela Trill y Emiliano Fortunato coordinaron los operativos en Mar del Plata. El doctor Lisandro Massón controló la zona de Mercedes. Las doctoras Érica Chiessi, Solange Castelli, Cecilia Villagra y Graciela Celayes intervinieron en Moreno-General Rodríguez. Los doctores Delia Mariana Solís Avalos, Marisa Monti, Claudio Oviedo y Ernesto Ezequiel Lovillo vigilaron el área de Morón. Los doctores Marcos Bendersky y Walter Hugo Pierrestegui controlaron el distrito de Necochea. Los doctores Nelson Mastorchio y José María Cifuentes fiscalizaron el partido de Pergamino. Los doctores Ernesto Daniel Ichazo, Ángel López y Alejandro Ramiro Unamunzaga asumieron la responsabilidad penal en Quilmes y Berazategui. El doctor Gonzalo Acosta actuó en San Isidro. La doctora Vanesa Leggio dirigió los procedimientos en San Martín. Los doctores Jorge Leveratto, Dennise Gastellu y Nicolás Lemme actuaron en San Nicolás. Los doctores Mariel Corredera y Raúl Frizza fiscalizaron Trenque Lauquen. El doctor Alejandro Eduardo Irigoyen completó la nómina fiscal en Zárate-Campana.
Los expertos cibernéticos y los policías bonaerenses aportaron la capacidad técnica para el éxito del megaoperativo. La Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo el mando del Comisario Mayor Ariel Rodríguez, encabezó las tareas de campo. La División de Delitos Cibernéticos de la Policía Federal Argentina, a cargo del Comisario Patricio Castro, cooperó en los registros domiciliarios. La División Investigaciones de Delitos Contra la Niñez de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Comisario Gabriela Flores, aportó personal idóneo. La División de Delitos Informáticos de Azul, Morón, San Nicolás y Trenque Lauquen prestó auxilio operativo. Las Sub DDIs de Bragado y 25 de Mayo colaboraron con las detenciones. El Gabinete Especializado en Ciberpedofilia de la Departamental Berazategui sumó recursos locales. Las delegaciones AMBA Norte, Capital y Chivilcoy de Cibercrimen aseguraron el perímetro. La Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal de Mar del Plata aportaron móviles y comunicaciones para el resguardo de la prueba. Las Divisiones de la Unidad Operativa Federal (DUOF) de Junín, Mar del Plata, Necochea, Pergamino y Pinamar concluyeron la nómina de las fuerzas federales intervinientes.
