La protesta se realiza bajo las consignas “La universidad pública se defiende” y “Sin universidades no hay futuro”, en reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025 y actualmente suspendida en el plano judicial.
La movilización reúne a docentes, no docentes, estudiantes, gremios universitarios, organizaciones estudiantiles y sectores científicos. El eje del reclamo es la falta de actualización de los fondos destinados a las universidades nacionales, en un escenario en el que las casas de estudio denuncian el congelamiento de partidas para salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.
Entre las instituciones mencionadas en la convocatoria aparecen la UBA, con columnas de FADU y Medicina, la UNLZ, la UNLP, la UNGS, la UNSAM, la UNA y la UTN. En el área metropolitana, distintas columnas avanzan desde el conurbano y desde puntos de la Ciudad hacia el centro porteño, mientras que en el interior del país se esperan movilizaciones en ciudades como Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata y Bahía Blanca.
El reclamo por salarios, funcionamiento y hospitales
El planteo de las universidades incluye tres demandas técnicas: una recomposición salarial docente y no docente, la actualización de los gastos de funcionamiento y la asignación de presupuesto para los hospitales universitarios. Según los sectores convocantes, la falta de aplicación de la ley aprobada por el Congreso mantiene a las instituciones en una situación de incertidumbre presupuestaria.
En paralelo, el conflicto permanece abierto en el plano judicial. La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario quedó en suspenso luego de un fallo de la Cámara de Apelaciones que bloqueó una medida favorable a las universidades. La definición final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver sobre la continuidad del reclamo legal.
La marcha también suma respaldo político de distintos sectores opositores y aliados críticos. El senador Eduardo “Wado” de Pedro participa de la concentración junto a rectores, mientras que la diputada del PRO Silvia Lospennato tomó distancia del oficialismo al exigir el cumplimiento de las leyes y de los fallos judiciales. También expresaron apoyo Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien denunció que pasaron “200 días sin aplicarse la ley”.
