La firma cuestionada por la cuestionada Inspección General de Justicia no presentó los estados contables, ni registra pago de tasas, en el período 2018-2022, en violación al artículo 19 de la Ley de Sociedad Comerciales.
La jueza porteña Elena Amanda Liberatori consideró que el sistema "se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes" del distrito.
La decisión fue adoptada por el juez Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba al constatar que el sistema había sido utilizado para obtener datos biométricos de dirigentes políticos, jueces, empresarios y periodistas.
El Presidente encabezó una reunión con 19 gobernadores. "Cuando se habla de quita, no es una quita sino la recuperación del exceso de fondos que fueron a la Ciudad en detrimento de todos los argentinos", dijo el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.
Esos datos fueron obtenidos por el call center de la empresa GIV S.R.L., que tiene la concesión de la Línea 147 del Gobierno porteño, donde unas 70 trabajadoras también denunciaron precarización laboral, malos tratos y hostigamiento.
La medida fue dispuesta luego de una reunión de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad con un equipo técnico del PAMI, la obra social de los jubilados, que tiene 71 mil afiliados que se atienden en ese centro asistencial.
