La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó la nulidad de la sociedad comercial "Dakota S.A.", exconcesionaria del servicio de grúas en la ciudad de Buenos Aires, por los "graves y reiterados" incumplimientos a las normativas vigentes.

"Dakota" brindó el servicio de acarreo de autos mal estacionados en Buenos Aires hasta fines de septiembre, junto a la firma "BRD S.A.I.C.F.I.", y ahora está siendo cuestionada por no haber presentado los estados contables, ni haber pagado tasas, en el período 2018-2022.

Con el fin de hacerse de esos documentos contables, la IGJ se presentó en el domicilio declarado por "Dakota" a principios de enero y los inspectores no encontraron señal alguna de la empresa, aunque días después se presentó una empleada del estudio "Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen" con registros incompletos de las actividades de la firma.

Además, la IGJ detectó una transferencia de competencias al accionista Marcelo Violante, quien desde hace 20 años es el "controlante exclusivo de Dakota S.A.", percibiendo una remuneración "muy superior a la de los restantes directores".

La IGJ, en la presentación de 78 páginas a la que tuvo acceso Télam este jueves, destacó que en 2014 la empresa cobraba 350 pesos para liberar el vehículo secuestrado mientras que a fines de 2022 se cobraba 6.525 pesos, en tanto que el canon que pagaba la empresa no se movió nunca de 55.000 pesos.

Por todo ello, la IGJ invocó el artículo 19 de la Ley de Sociedad Comerciales, que establece que "cuando la sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio", para solicitar la disolución de la firma a la justicia.

La resolución lleva el número 94 y está firmada por el subinspector General de Justicia, Manuel Cuiñas Rodríguez.

El rechazo del Frente de Todos

Tras conocer la medida, el legislador porteño del Frente de Todos Juan Manuel Valdés celebró la definición de la IGJ al considerar que Dakota S.A "es una empresa llena de irregularidades que manejó el servicio de acarreo por más de 21 años con un contrato que estaba vencido sin presentar balances al menos en los últimos cinco años".

"Hace mucho tiempo que eso tendría que haber despertado la reacción del Gobierno porteño, pero sólo le rescindió el contrato una vez que en la Legislatura conformamos el frente ´anti-grúas´", dijo a Télam en relación a la alianza parlamentaria que forzó a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta a cortar la concesión del acarreo en 2022.

Para Valdés, durante las dos décadas que estuvo a cargo del servicio "hubo un negociado y una connivencia de los funcionarios de Larreta para recaudar recursos de los contribuyentes detrás de estas empresas que eran sociedades fantasmas".

"Era hora que un organismo público sancionara a estas empresas y estamos bregando porque encontremos un sistema transparente para el acarreo en la Ciudad", remarcó y señaló que desde el Frente de Todos mantiene la postura que el servicio quede en manos del Estado.

No obstante, el miércoles fueron abiertos de las empresas que ofertaron en el proceso de licitación pública abierto por el Gobierno porteño.