La decisión fue adoptada por el juez Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba al constatar que el sistema había sido utilizado para obtener datos biométricos de dirigentes políticos, jueces, empresarios y periodistas.
ACTUALIDAD13/04/2022 Agencia Telam
La Justicia porteña suspendió este martes el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó, entre otras medidas, el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.
En la resolución, Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.
Fuentes judiciales consultadas por Télam señalaron que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.
Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.
Las búsquedas de datos biométricos de ciudadanos que no están en ninguna de esas situaciones fueron reconstruidas a partir de la información aportada al expediente por el Renaper, a cuyos archivos acude el sistema de reconocimiento facial de CABA cuando requiere de las imágenes de alta definición que acompañan la documentación personal de todos los ciudadanos.
Un dato relevante para la investigación es que el requerimiento de datos biométricos del Renaper por parte del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA se rige por el convenio de cooperación técnica que celebraron en 2019, durante la gestión de Cambiemos, el propio Renaper con el ministerio de Seguridad porteño.
Según especialistas en informática que conocen el expediente, la consulta de los datos biométricos se realiza a través de un procedimiento conocido como 'request' de información que se conecta automáticamente con la base de datos del Renaper para solicitar la foto digitalizada del DNI, lo que luego permite generar un mapa biométrico: cada una de esas búsquedas queda registrada en dos computadoras, la que emite la información y la que la recibe.
En el informe elaborado por el Renaper en respuesta al oficio del juez surge que entre abril de 2019 y marzo de este año fueron migrados -es decir, requeridos y recibidos por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA- los datos biométricos del presidente Alberto Fernández (76 veces); la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (225 veces); el diputado Máximo Kirchner (12 veces); el Ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro (3 veces) y del ministro de Seguridad Aníbal Domingo Fernández (12 veces).
También fueron migrados los datos de los diputados Sergio Tomás Massa (3 veces); Myriam Bregman (3 veces), Ricardo López Murphy (8 veces); José Luis Espert (8 veces) y Javier Milei (32 veces); según surge del expediente.
La lista incluye además a los nombres del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (una vez); la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich (18 veces); la exProcuradora General de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó (2 veces); el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni (2 veces); el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz (una vez); y la Fiscal General por ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Fernanda Boquín (4 veces).
Entre los periodistas que pudieron haber sido espiados a través del sistema de reconocimiento facial se encuentra Gustavo Sylvestre, cuyos datos biométricos fueron migrados 9 veces; Joaquín Morales Solá (una vez), Viviana Canosa (6 veces) y Eduardo Feinmann (9 veces).
La lista contiene también empresarios, fiscales federales, a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini (5 veces), y a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto (2 veces).
En su resolución firmada este martes, el juez sostuvo que la CABA sólo estaba autorizada a extraer datos biométricos "siempre y cuando se tratara de personas cuya búsqueda haya sido exigida por la Justicia".
Luego advirtió que la enorme cantidad de consultas sobre ciudadanos, muchos conocidos por su actuación pública, que no están requeridos por la Justicia ni en situación de rebeldía demuestran que el proceso pudo haber sido manipulado para obtener información indebida de modo ilegal.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las entidades que impulsó la causa a partir de un amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho Informático en la Argentina (ODIA), plantearon que la detección de 9 millones de consultas de datos biométricos -con tantas personalidades involucradas- obliga a la administración de Horacio Rodríguez Larreta a dar explicaciones y responder en la Justicia.
"El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe dar una explicación acerca de las búsquedas que hizo de datos biométricos de tantas y tantas personas en el período de abril de 2019 a marzo de 2022", aseguró a Télam el abogado y director de Litigios del CELS, Diego Morales.
En la misma línea opinó el abogado especializado en Derecho informático Tomás Pomar, director de ODIA, para quien de la prueba ya recolectada en el expediente "surge que ha habido un uso indebido de los datos biométricos", y luego alertó que la motivación y el uso que se dio a esa cantidad de consultas biométricas deben ser esclarecidos.
"A qué destino o qué se hizo con toda esa información aún no lo sabemos, pero el gobierno de la Ciudad va a tener que dar explicaciones sobre su sistema de reconocimiento facial", puntualizó Pomar.
Cerca de las 20, una vez que finalizaron las pericias en el Centro de Monitoreo Urbano de Barracas, desde el Ministerio de Seguridad porteño emitieron un comunicado en respuesta de seis puntos en el que, al referirse al principal cuestionamiento del juez, señalaron que las consultas realizadas al Renaper desde esa cartera "no son exclusivamente por contraste con el sistema de reconocimiento facial".
"Responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia y que no representan ninguna irregularidad", manifestaron desde la cartera que encabeza Marcelo D'Alessandro y agregaron que el Renaper, al responder las consultas de datos biométricos, "devuelve la foto y los datos del DNI" pero no "ubicaciones ni nada de eso". Además, señalaron que "el reconocimiento facial no está funcionando desde abril de 2020".
La suspensión del sistema de reconocimiento facial que ordenó este martes el juez Gallardo se produjo en una causa iniciada a principios de 2020, luego de que varias entidades y ONG -entre ellos el observatorio ODIA y el CELS, más la presentación como amicus curiae de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Correpi y la Fundación Vía Libre- presentaran un amparo colectivo en la Justicia Contencioso Administrativa de la CABA en el que denunciaban falta de control ciudadano, riesgos para la privacidad y la aplicación de patrones discriminatorios para realizar los mapas biométricos.
En plena temporada de verano 2026, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció el inicio de una nueva obra vial con el objetivo de seguir mejorando las carreteras que conectan la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con la costa atlántica.
La pérdida de empleo registrado tuvo un nuevo pico en octubre, cuando los registros de la Secretaría de Trabajo constató que se destruyeron 33.100 puestos del sector privado y el público, una tendencia que afectó también a los monotributistas.
Ezpeleta Oeste fue este jueves el lugar destinado para un nuevo operativo de recolección de residuos voluminosos, más precisamente en la plaza La Esperanza (Juan Manuel de Rosas), ubicada en Condarco, Necochea, Florida y Costa Rica, que contó con la supervisión de la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri. Además, durante la jornada se realizó un encuentro de promoción de reciclables dirigido a vecinos y vecinas de la zona con el fin de concientizar sobre el tema.
El Gobierno nacional oficializó la eliminación total de los aranceles de importación para teléfonos celulares, una decisión que entra en vigencia este jueves 15 de enero y que reduce la alícuota del 9,5% al 0%. La iniciativa tiene como objetivo central reducir los precios en el mercado interno y ampliar el acceso a la tecnología, en un contexto de fuertes distorsiones frente a los valores internacionales.
Una alerta roja fue dada a conocer tras la aparición de cianobacterias en la República de los Niños de La Plata, organismos que viven en el agua y que en la mayoría de las ocasiones son nocivas para la salud y las autoridades destacaron que hay otras zonas de la provincia de Buenos Aires afectadas.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) llamó a consulta pública para aumentar hasta 19% los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales S.A., en pleno proceso de privatización.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por temperaturas extremas en la zona sur del Conurbano. Comprende, entre otros, a los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús y Lomas de Zamora.
El Gobierno celebró la autorización del Consejo Europeo para firmar el acuerdo con el Mercosur, y destacó que permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones.
La diputada provincial, Mayra Mendoza, estuvo presente este lunes en la Escuela de Educación Secundaria Agraria (EESA) Nº 1 de Quilmes, en la intersección de las avenidas La Plata y Laprida, en la zona oeste del distrito, una de las sedes en las que funciona el programa Escuelas Abiertas en Verano (EAV) 2026, en el que chicas y chicos quilmeños de 3 a 17 años participan de actividades artísticas, lúdicas, deportivas y acuáticas, en establecimientos educativos y predios del distrito, durante el turno mañana y tarde.
Desde el miércoles 4 al jueves 12 de febrero de 2026 la UNQ abre el período de preinscripción a la oferta de carreras a distancia para el ciclo lectivo 2026.
La diputada provincial, Mayra Mendoza, acompañó este martes a los trabajadores de la empresa Sealed Air, ubicada en la avenida Primera Junta al 550, de Quilmes, que días atrás despidió a 65 empleados. Por este motivo, los trabajadores están llevando adelante un paro por tiempo indeterminado.
En el marco de la reactivación de las paritarias, se realizó ayer un encuentro entre los distintos gremios y autoridades de la Provincia. El rechazo a la propuesta del gobierno de Axel Kicillof fue unánime. No se habló del cierre de 2025 sino de un aumento para enero.
El plantel profesional de Argentino de Quilmes arribó a la ciudad de Dolores para dar inicio a la etapa más exigente de su pretemporada, con la mira puesta en el próximo campeonato 2026 de la Primera B Metropolitana. Bajo la conducción técnica de Fabián Cecconato, el "Mate" busca alcanzar la puesta a punto física y futbolística para consolidarse como uno de los protagonistas del certamen.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) llamó a consulta pública para aumentar hasta 19% los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales S.A., en pleno proceso de privatización.
El Gobierno nacional oficializó la eliminación total de los aranceles de importación para teléfonos celulares, una decisión que entra en vigencia este jueves 15 de enero y que reduce la alícuota del 9,5% al 0%. La iniciativa tiene como objetivo central reducir los precios en el mercado interno y ampliar el acceso a la tecnología, en un contexto de fuertes distorsiones frente a los valores internacionales.
El plantel de fútbol de Quilmes comenzó con los trabajos en la pretemporada de cara al nuevo torneo de la Primera Nacional.